Por decreto, Macri decidió vender valiosos predios del Estado nacional

Del total, 26 propiedades están en la Ciudad, en zonas propicias para los desarrolladores inmobiliarios. Las otras se encuentran en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.

El Gobierno nacional autorizó la venta de 39 inmuebles estatales en el marco de la política de gestión de activos públicos, que lleva adelante la Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante el decreto 225/2017.

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Del total, 26 inmuebles se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en el Gran Buenos Aires, cuatro en Córdoba, tres en Mendoza y dos en Salta.

El decreto 225/2017, publicado este martes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “enajenar” esos inmuebles “en razón de resultar inadecuados para la gestión a su cargo”. Los inmuebles se venderán mediante subastas del Banco Ciudad en un proceso público y abierto.

La Administración de Bienes del Estado decidió la venta de las propiedades “tras un proceso de análisis de variables económicas, ambientales y sociales”, explicó un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

El titular de la AABE, Ramón Lanús, consideró que “el impacto resulta positivo para la reactivación de las economías, generando fuentes de empleo e impulsando una de las industrias claves de nuestro país, como lo es la construcción”.

Además, sostuvo que “la iniciativa va en línea con uno de los principales ejes de gestión, que consiste en garantizar una utilización eficiente, transparente y sustentable del patrimonio público, y apunta a reducir costos de mantenimiento y preservar el valor de los bienes del Estado”.

“La iniciativa que se impulsa no sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas”, afirmó Lanús.

La AABE explicó que se “establecen plazos de obra en los inmuebles, siendo tres años los requeridos para comenzar a construir y seis para finalizar el proyecto, evitando de esta manera la especulación inmobiliaria”.

El decreto precisa, por ejemplo, que uno de los inmuebles es utilizado como cochera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Asimismo, puntualiza que “algunos de los inmuebles, cuya autorización de venta se propicia, se encuentran destinados a explotaciones de carácter comercial, mientras que en otros casos se trata de predios que son susceptibles de explotación agrícola, no siendo ésta una actividad propia de la administración pública, razón por la que quedan sujetos en muchos casos a una subexplotación o a un inapropiado aprovechamiento”.

Los inmuebles se venderán mediante subastas del Banco Ciudad en un proceso público, abierto y para el que habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley.


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