La Ciudad gastará $127 mil para equipar a su Policía antipiquetes

Se prevé la compra de protectores para todo el cuerpo y armamento “menos letal” como carabinas y lanzadores que dispararán postas de pintura o goma y gas pimienta.

Como parte de la política represiva iniciada con el desalojo de los manteros de Once a comienzos de 2017, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires gastará casi $127 millones y medio para equipar a la Policía de la Ciudad.

represion

Mediante la licitación pública denominada “Adquisición de equipamiento antidisturbio” y del proceso de compra 2900-1398-LPU16, la Subsecretaría de Administración de Seguridad porteña dispuso la compra de 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, se pretende adquirir 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.

Además, según reveló el diario Tiempo Argentino, se dispuso la compra de “less lethal weapons”, o sea, armamento “menos letal” como 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 “para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos“, que dispararán postas de pintura o de goma y gas pimienta.

El Ejecutivo nacional, en paralelo, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reformar cuatro artículos del Código Penal para agravar las penas por amenazas y extorsión y daños cuando se registren durante manifestaciones públicas y en cortes de calle o rutas.

Según esta iniciativa, se prevé de tres a seis años de prisión para quien durante una manifestación porte “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación”. También incrementa las penas para quienes corten el tránsito, que pasarán de los 2 a los 6 años y se fijan hasta 10 años de prisión se el propósito de la protesta fuera obtener alguna medida o concesión por parte de un funcionario de los poderes públicos.


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