“El número de desaparecidos debe estar reservada en el futuro al ámbito académico”

Entrevista realizada por la Asociación de medios vecinales de CABA al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj

-¿Cuántos detenidos y desaparecidos hay oficialmente en la República Argentina de la Dictadura 1976- 1981?

La discusión sobre el número de desaparecidos es una discusión que debe estar reservada, con el paso del tiempo, para el ámbito académico, no debe ser un debate cargado de un sesgo ideológico. Debemos apelar a la verdad, como método de fortalecimiento de la democracia. Hay que decir la verdad en todos los temas. El sistema se fortalece si la verdad nos guía, con independencia de si nos simpatiza o no lo que tenemos para decir.

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Los 30 mil desaparecidos son un símbolo emblemático que abrazó la sociedad. Hay que entender esa construcción y, sobre todo, hay que respetarla.

El número sigue siendo indeterminado, porque aún hoy se reciben denuncias. Y porque, por la propia naturaleza de su accionar, los perpetradores no han colaborado con la Justicia en echar luz sobre este tema. Como en muchos otros ejemplos que nos brinda la historia, el número se construye siempre desde las propias víctimas.

En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, la gestión anterior creó un Registro Unificado de Victimas del Terrorismo de Estado. En él, da cuenta de unas 8500 víctimas fatales, tomando como punto de partida 1966.

El trabajo de la CONADEP, también habla de un número de víctimas similar. Pero insisto, el número es indeterminado toda vez que la Justicia sigue actuando.

¿Qué opinión tiene con respecto a la teoría de los dos demonios en relación a los acontecimientos en la década del 70?

En Argentina hubo un plan sistemático de Terrorismo de Estado, de desaparición, tortura, muerte, y eso no se puede negar. Lo ha demostrado la Justicia.

El Estado está obligado a proteger y promocionar derechos, jamás puede violentarlos o disponer mecanismos para la persecución sistemática.

Dicho esto, tenemos que abrir un espacio de debate sobre todo lo ocurrido en los 70 y el vínculo patológico de los actores de la vida política argentina de aquellos años con la violencia armada.

Apostamos a crear un espacio de historiadores y académicos que permitan que la memoria se construya no en función de la venganza y de posiciones de reivindicación, sino de diálogo y entendimiento.

En algún momento, la Argentina va a tener que darles a las generaciones presentes y futuras una memoria sin culpa.

Toda la sociedad fue víctima de la violencia. Hemos perdido muchísimo.

Durante los últimos 12 años hubo una parte de la historia que no se pudo contar y hubo voces que no pudieron hablar.

Creo que los argentinos no lloramos ni hablamos lo suficiente sobre el tema. Es la responsabilidad que nos toca en este tiempo histórico.

La ONU y la CIDH exigieron la liberación de Milagro Sala por considerarla arbitraria. ¿Cuál es la posición de la secretaría respecto de este tema?

Lo he dicho en reiteradas ocasiones: Milagro Sala no es una enemiga del gobierno y el gobierno no decide sobre su condición procesal.

En la Argentina existe la división de poderes y la autonomía de las provincias. Es un asunto que está resolviendo la justicia jujeña, en el marco del ejercicio de su autonomía provincial.

Y la Corte Suprema de Justicia es quien resolverá en última instancia.

Cada uno de los requerimientos realizados por organismos internacionales de derechos humanos ha sido debidamente informado a la Justicia de la provincia de Jujuy, para que brinde las respuestas del caso. Y en cada oportunidad, hemos remitido la información que nos ha sido solicitada.

Más aún, para quienes pretender equiparar esta situación a las vividas en otros países, por ejemplo Venezuela, queremos marcar una diferencia fundamental.

En aquel país cerraron sus puertas a cualquier intervención de un organismo internacional, nosotros  invitamos a la CIDH y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias a visitar nuestro país y recabar toda la información que consideren oportuna sobre el caso.

 ¿Usted estuvo de acuerdo o lo consultaron sobre la movilidad del 24 de marzo que causó tanto rechazo en la sociedad? 

El 24 de marzo debe ser un día de profunda reflexión. Nuestro cometido es el de socializar este tipo de recordaciones y no dejarlas en un feriado. Lo central es que sea una jornada de reflexión y memoria.

 De cualquier manera, me parece correcto debatir si no debiéramos establecer al 10 de diciembre como símbolo de la recuperación democrática, para recordar a las víctimas de aquella tragedia, y reconocer en el 10 de diciembre de 1983 un renacimiento de los valores de la democracia, en consonancia aquel mismo día, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Deberíamos conversar si no es preciso empoderar aquella fecha y no la del 24, que recuerda a un Golpe de Estado que todos repudiamos.

Entendíamos que el 24 debía ser un día laborable donde el Congreso, el Senado, la Justicia, las escuelas públicas o las bibliotecas estuviesen funcionando.

Es un día de muchísima importancia, que no es para un sector, es para toda la sociedad, y a medida que pasan los años y las generaciones, tenemos que profundizar cada vez más el concepto de memoria vinculado al de la educación.

Conmemorar en toda su dimensión aquel horror debe servirnos para reconocer nuestros errores y ponderar las oportunidades que nos da la democracia.

 Hay que pensar el pasado en clave de futuro, para reparar las heridas y construir una sociedad mejor para las nuevas generaciones.

Con los organismos de derechos humanos, tenemos distintos niveles de diálogo y acuerdo. Nuestra vocación programática consiste en el diálogo, el respeto y la convivencia.

Hay algunos que son más duros en sus pensamientos, pero siempre pudimos mantener un intercambio en el ámbito del respeto.

Con Abuelas firmamos un convenio entre el Estado y el invalorable trabajo que ellas realizan. Con Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas también tenemos un convenio en marcha y rubricamos un acuerdo con el Equipo de Antropología Forense y dialogamos con el Espacio Memoria Abierta.

–¿Cuál es la idea básica de las políticas en Derechos Humanos del Gobierno?

La política de derechos humanos debe servir, entre otras cosas, para unir a los argentinos.

Tenemos una agenda ampliada de Derechos Humanos, con las temáticas de pueblos originarios, diversidad sexual, violencia institucional y violencia de género.

Hemos desmentido con los hechos aquellos prejuicios acerca de que íbamos a abandonar los juicios por casos de lesa humanidad. La política de Memoria, Verdad y Justicia es una política de Estado. El presidente lo ha ratificado, y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural ha sido consecuente con eso, manteniéndose como querellante en más de 220 causas.

–Muchos  dicen que el Kirchnerismo  se adueñó de los DDHH  ¿Qué opinión le merece la agrupación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo?

Nosotros pensamos que los derechos humanos son de todos, ningún sector político puede adueñarse su representación. Los organismos son instituciones, no deberían ligarse exclusivamente a un espacio partidario, porque entonces podríamos entender que algunos tienen más derechos que otros, y eso es falso.

Con Abuelas tenemos un diálogo permanente. Lamentamos el ataque cotidiano que sufrimos de Madres de Plaza de Mayo, en particular, de Hebe de Bonafini.

–Teniendo en cuenta las denuncias sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el Servicio Penitenciario,  ¿qué medidas ha adoptado  para eliminar las torturas y tratos inhumanos  hacia los reclusos? ¿Cree que se debería reformular el sistema penitenciario en nuestro país?

Después de años de parálisis y abandono, estamos trabajando en la implementación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Queremos eliminar cualquier práctica abusiva de todas las fuerzas de seguridad y de miembros de los servicios penitenciarios.

Estamos recorriendo las cárceles, para conocer a fondo las condiciones de detención de los reclusos para mejorar la situación de la población carcelaria.

–El terreno de la calle Venancio Flores 3525, lindero al Ex Centro Clandestino  Automotores Orletti, es un lugar donde cumple funciones educativas  la Escuela Nº 9  con el Instituto Espacio para la Memoria y tiene una ley de Protección Histórica. ¿Ustedes autorizaron su venta?

El patio linda con el Espacio y también con la calle Venancio Flores donde hay un mural realizado por alumnos, vecinos y trabajadores del Sitio en forma conjunta. Cuando comenzaron los rumores de venta, empezamos a trabajar en pos de frenar esa posibilidad y es por eso que hicimos un relevamiento y diagnóstico para determinar el área de amortiguación de obra para no afectar el espacio y preservar como dice la Ley 26691, ese espacio en caso que se realizaran construcciones en un futuro.

 Por otro lado, se comenzó a preparar un proyecto de ley para que se declarase bien cultural a ese mural. La venta, según tenemos entendido, no se realizó, el patio de la escuela sigue funcionando como tal y el mural no se tocó.

–Cambiando de tema  ¿Considera que deben agregarse medidas de control a la inmigración  o considera que no se está cumpliendo con la ley?

Argentina fue, es y será un país de brazos abiertos en materia de inmigrantes, nosotros somos hijos de inmigrantes.

Por eso es importante distinguir entre el inmigrante que viene a trabajar o estudiar, del que delinque. En ese sentido, la nacionalidad del delincuente es un asunto secundario.

Los controles migratorios no va en contra del inmigrante que viene a trabajar o estudiar que paga impuestos, produce para el país. Ese inmigrante potencia a la Argentina.

— ¿No debería haber un control más exhaustivo respecto los inmigrantes que entran ilegalmente al país?

El Presidente de la Nación firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones. Prevé controles severos e impedimentos para el ingreso al país de personas que hayan cometido delitos graves en sus países de origen.

 Además se establecen mecanismos que agilizan los procesos para las expulsiones y se amplía el plazo para que un expulsado pueda reingresar al país.

Trabajamos con una lógica que evita todo tipo de discriminación. El que comete delitos es un delincuente que casualmente es extranjero. Su nacionalidad es un tema secundario.

–En el avance de los derechos civiles, ¿Existe algún tipo de estadística en relación a la cantidad de casamientos igualitarios y cambios de sexo después de la Ley de género?

No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de matrimonios igualitarios celebrados. Se encuentra en trámite un pedido para su relevamiento. Con relación a los cambios registrales, de 2012 a 2015 se registraron un poco más de 4800, en el marco de la Ley de Identidad de Género. De ellos, 4750 de personas de nacionalidad argentina y 50, de otra nacionalidad.

Con respecto a los  refugiados  ¿Cómo y dónde  están ubicando los sirios que ya llegaron al país? ¿Cómo está previsto el tema de vivienda y trabajo?

La mayoría de los que han llegado se ubicaron en Córdoba, Mendoza, Salta y Buenos Aires, según la ubicación de las familias llamantes. El programa comenzó en 2014 y se renovó en 2016. Prevé el arribo de 3000 refugiados sirios. Desde la renovación, llegaron 300. De su alimentación y su vivienda, se encarga la familia llamante, mientras que el Estado nacional y los provinciales acompañan con cursos de idioma, búsqueda laboral, asistencia psicosocial y convalidación de títulos.


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