El Gobierno porteño demandó a una mujer por intentar frenar una obra del subte

Sonia Berjman, Doctora en Historia del Arte y Paisajismo Urbano, en 2012 presentó, junto a la ONG Basta de Demoler, un amparo que frenó durante casi un año las obras de la estación Plaza Francia de la línea H. Por esta acción, el Gobierno porteño la demandó en 2014 a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Procuración de la Ciudad.

La Ciudad entendió los amparistas actuaron “con el solo propósito de obstruir una obra pública destinada a la prestación de un servicio” y que tenían como finalidad “impedir o entorpecer la gestión del gobierno (…), ya que luego abandonaron voluntariamente el litigio en lugar de seguir defendiendo el derecho presuntamente violentado por la obra”. Además, le reclamó a la amparista un resarcimiento por daños y perjuicios por casi $24 millones.

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Berjman explicó al diario Perfil que instalar la estación de subterráneos “en esa plaza, violaba un área de protección histórica y hasta la misma ley del subte H (la 317) que determinaba el nombre de la estación como Plaza Francia, pero decía que su ubicación debía ser cercana a la Facultad de Derecho”.

La demandada detalló que “de haberse instalado donde el Gobierno pretendía, la plaza hubiese recibido un gran caudal de gente que iba a terminar afectando todo el entorno de ese espacio verde histórico diseñado por Carlos Thays en 1897” y agregó que esta decisión podría ser similar a la de “querer construir una estación de subtes en medio del Central Park o en los Jardines de Luxemburgo, en París”.

Es por esto que aclaró que nunca se opuso “al subte, al contrario. Sólo pedía que reubicaran la estación frente a la Facultad de Derecho, donde finalmente lo hicieron” después del retraso en las obras.

Según explicó Andrés Gil Domínguez, abogado de Berjman, esta demanda “es un acto de amedrentamiento a la sociedad civil” y “la única indicó salida sería que el Gobierno desestime la causa. Si bien asumieron que la presentación fue un error, no quieren correr con las costas judiciales. Por eso ofrecieron un acuerdo en el que sostenían que Berjman debía hacerse cargo de los mismos. Algo que no va a ocurrir”. Los costos del proceso judicial fueron calculados en $3 millones.


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