Denuncia penal por la desaparición del rincón histórico de la ex Richmond

La histórica confitería funcionó como tal hasta 2011. La denuncia fue a raíz de la desaparición de parte del mobiliario original de la confitería.

Los responsables del local multimarca de ropa deportiva de Florida 468 -donde hasta 2011 funcionó la confitería Richmond- y funcionarios porteños enfrentan una investigación que deberá determinar si cometieron delitos contra el patrimonio e incumplimiento de deberes por la anulación del último rincón protegido del histórico reducto porteño, que frecuentaron Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Ricardo Güiraldes y Jorge Luis Borges.

EDICIONCIUDAD

La Justicia comenzó a actuar por impulso de una denuncia penal que presentó la directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la ex diputada María José Lubertino. Fue a raíz de la desaparición de parte del mobiliario original de la confitería: la barra del bar, un par de mesas, sillas, algunas lámparas y espejos, que se conservaban en un “rincón de memorabilia” dentro del local.

En 2014, el entonces ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, acordó con los nuevos dueños del inmueble que se mantuviera intacto ese rincón, en homenaje a la historia de la Richmond.

El compromiso respondió al reclamo de asociaciones defensoras de patrimonio, quienes objetaron el cierre del bar en 2011 y su reapertura como negocio de ropa deportiva en 2014. “Cuando los antiguos propietarios decidieron vender, el lugar ya contaba con varias restricciones al dominio debido a las protecciones legales que ya estaban vigentes”, comentó Lubertino.

La ley 3865 protegió el inmueble situado en Florida 468 al declararlo “patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires”.

Sin embargo, hace un mes y medio, Lubertino constató que todo rastro del mobiliario histórico había desaparecido. Y advirtió que si el Ministerio de Cultura porteño no intimaba a los propietarios, reactivaría las causas en lo contencioso administrativo y en lo penal que había iniciado en 2011 y 2014, respectivamente. Debido a la falta de respuesta visible, Lubertino presentó una nueva denuncia y la ratificó el 8 de junio. Quedó en manos de la jueza en lo criminal y correccional María Gabriela Lanzó y de la fiscal Mariana García.

Los acusados son los propietarios, arrendatarios y concesionarios de Richmond SA, Just For Sports; el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; Guillermo Alonso, director de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, y el hoy funcionario nacional Hernán Lombardi.

“El patrimonio porteño está amenazado por la impericia y connivencia de los funcionarios encargados de su cuidado con el negocio inmobiliario y la ineficacia judicial”, sentenció Lubertino.


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