Con la mira puesta en los alquileres

Diversas organizaciones sociales y organismos públicos presentaron ayer en la Legislatura porteña un proyecto de ley para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda por parte de los inquilinos.

En la actualidad Buenos Aires es la ciudad con mayor proporción de inquilinos de todo el país: en los últimos 15 años, se ha pasado de un 22% a un 35% de personas que alquilan. Frente al crecimiento de la demanda por la imposibilidad de acceder a una vivienda propia y la desregulación que existe en el mercado de alquileres, muchas veces los inquilinos sufren condiciones abusivas por parte de las inmobiliarias y los propietarios. Por esta razón, la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, presentaron un proyecto de ley de alquileres para la ciudad de Buenos Aires que busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de los inquilinos.

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“Este año se cumplen 110 años de la huelga de los inquilinos, donde los arrendatarios dejaron de pagar a los propietarios por las condiciones de hacinamiento que vivían. Hace 110 años que el barrio de La Boca discute este problema. Somos parte de los perjudicados. Hace 1 mes presentamos en este mismo recinto un proyecto que declara la emergencia habitacional en el barrio”, señaló Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone (LBRP). Desde esta red barrial ven con preocupación el crecimiento de los precios de los alquileres, junto a la discriminación que sufren muchas familias con niños que tienen muchos obstáculos para alquilar. También participaron del encuentro la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el CELS, el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, la ACIJ y la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes dieron datos preocupantes sobre el acceso a la vivienda y recomendaron a los diputados porteños la conformación de una Comisión de Vivienda para presionar al Ejecutivo con esta ley.

El legislador Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, sostuvo que es muy difícil que este proyecto de ley entre hoy en agenda, pero espera que se logren algunos avances. Además, hizo hincapié en las leyes vigentes, al referirse a la iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que lanzó el año pasado un sistema de control de cumplimiento de la medida cautelar sobre el cobro del 4.15% de comisión en alquileres. “Hoy las inmobiliarias piden comisiones de forma abusiva”, señaló.

Los autores del proyecto buscarán el acompañamiento por parte de la totalidad de los bloques parlamentarios de la legislatura de la Ciudad, con miras a su aprobación urgente. En el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Perón del palacio legislativo, estuvieron presentes el Co Director de ACIJ, Sebastián Pilo, el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, el Director Ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, el Director de Acceso a la Justicia de la Procuración, Julián Axat y la integrante de la organización La Boca Resiste y Propone, Natalia Quinto. Además, participaron y acompañan la iniciativa, los legisladores María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Carlos Tomada y Andrea Conde (Frente para la Victoria), Adrián Camps (Socialista Auténtico), Laura Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), y representantes de los sindicatos UTE, SITRAJU Nación y ATE Capital. Los legisladores Paula Penacca, José Campagnoli, Pablo Ferreyra, (FPV) y Hernán Rossi (SUMA +), también adhirieron al proyecto de ley.

De acuerdo con la información provista por el Ministerio Público Fiscal, entre sus principales propuestas el documento incluye la eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias y estableciendo un tope del 4,15% del monto total del contrato sobre la que se cobre a los propietarios. También contempla la creación de oficinas comunales de atención al público y certificación gratuita, informes de dominio gratuitos y un sistema de sustitución de garantías para inquilinos. Además establece que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo son “actos discriminatorios” en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).

Por último, el proyecto de ley se propone crear una comisión interdisciplinaria entre organismos estatales y organizaciones especializadas o del sector, para la elaboración de una propuesta integral en la materia.


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