Proponen garantizar la actividad periodística en manifestaciones

Se presentó en la Legislatura porteña un proyecto, de autoría del diputado Gabriel Fuks, por el cual se busca garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones públicas. Participaron legisladores y organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Representantes de las organizaciones sindicales y de derechos humanos se reunieron en el Salón Alfonsín de la Legislatura porteña junto a los legisladores Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia); María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista); Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde (FpV); y Marcelo Ramal (FIT), quienes presentaron el proyecto para garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones.

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La reunión contó con la participación de trabajadores de distintos medios, como las agencias DyN, NA y Télam; Radio Nacional;Clarín; Tiempo Argentino; Agencia Paco Urondo; entre otros, que intercambiaron opiniones por casi dos horas.

Además estuvieron presentes Santiago Magrone y Mariano Eliaschev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Daniel Vides, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Alejandro Carlos Ruiz, del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID); Miguel Iademarco, de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Antonio Guillen, del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBO); y Nora Anchart, de Organización Madres de Plaza de Mayo.

Fuks, autor del proyecto y moderador del encuentro, explicó que, a raíz de los incidentes ocurridos este viernes pasado en la marcha por Santiago Maldonado como también en otras oportunidades, “el proyecto que presentamos busca que los periodistas no sean molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas”.

La iniciativa expresa la modificación de la Ley de Seguridad Porteña -N° 5688- que establece las características y los criterios de uso directo de la fuerza de la nueva Policía de la Ciudad.

Al respecto remarcó: “Proponemos la modificación del artículo 100 de dicha Ley, la cual fue arduamente debatida en esta casa legislativa, que trata sobre el protocolo utilizado por los efectivos de la fuerza en las protestas. El eje del debate que se planteó en su momento giró a un núcleo de garantías que la oposición exigió para aprobar la norma, como el uso de armas de fuego por parte de policías que están en contacto con los manifestantes, la identificación clara de los efectivos, entre otras”.

Además formaron parte de la mesa diferentes referentes de organismos competentes en materia legal y social, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI), que apoyaron el proyecto y se pusieron a disposición de los trabajadores de prensa.

Finalmente señaló: “Estamos ante una crisis de seguridad pública en la Ciudad y de posible fracaso de la Ley que se está incumpliendo. Es necesario visibilizar esto de forma urgente, y lo que sucedió en la marcha del 1, como también los antecedentes represivos del día del Ni Una Menos, entre otros, que ya están cruzando la línea roja de la transgresión para pasar a la ilegalidad”.

Por su parte las organizaciones sindicales detallaron “la violencia institucional que sufrieron por parte de la Policía de la Ciudad”. Además manifestaron “su apoyo al proyecto y coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada con los diputados y organismos competentes para hacer públicos todos los hechos de violencia institucional a la que están sometidos durante su labor en la calle”.

Asimismo revelaron que hay una intención por parte del Gobierno de la Ciudad “de impedir la documentación de las movilizaciones, y en consiguiente la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad”.

Cabe destacar que en los fundamentos del proyecto de los diputados se detalla “resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial”.

 


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