Avanza la imputación de secundarios y sus padres por “usurpación”

Mientras el fiscal amenaza a alumnos y sus padres, la asesora general tutelar les prohibió a los asesores Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, que presentaron un amparo contra la reforma, que se ocupen de ese tema. 

El gobierno de la Ciudad continúa su batalla, ahora en el terreno de la Justicia, donde  avanza en una imputación contra los estudiantes que tomaron sus colegios. Los acusan de vandalismo y destrucción de propiedad pública. Y están trabajando para identificar a los alumnos que participan de las protestas a través de diversos medios de prueba.

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“Del total de las escuelas tomadas, 16 estaban judicializadas. Los cargos presentados son contra la metodología que se estaba utilizando, podía llegar a constituir una conducta ilícita“, afirmó el fiscal que instruye la causa, Carlos Fel Rolero Santurian en declaraciones radiales.

El fiscal informó que madres y padres podrían ser responsables penales por los actos de sus hijos. Y que “el levantamiento de la toma no extingue las causas“. La responsabilidad de los padres de los alumnos es la “no actuación“ y se  les endilga lo mismo –“usurpación”- por tener la tutela de los jóvenes.

“Hay que dejar en claro dos cuestiones: el delito de usurpación tiene una pena de expectativa y las personas de 16 y 17 años son imputables. Y obviamente también puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos”, explicó.

Callar a los asesores tutelares

El martes, la jueza en lo Contencioso Administrativo Andrea Danas había recibido un amparo de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno para que cesara la implementación del plan “Secundaria del Futuro” y fuera garantizado el derecho de los adolescentes a ser informados, oídos y expresaran su opinión. También reclamaban que, antes de la implementación de esa reforma, “se garantice un procedimiento previo con acceso a la información pública completa, estableciéndose un espacio para el debate en un tiempo oportuno y razonable”.

Inmediatamente después de presentar el amparo, Moreno y López Oliva fueron conminados por superior jerárquico ante el Tribunal Supremo de Justicia, la asesora general Yael Bendel, a dejar de actuar en relación a la reforma educativa.  Solo la asesora interina Ana Cueva Rey trabajará en las presentaciones por el tema.

Desde el Ministerio esperaron esta resolución de Bendel para responder un oficio que les remitió la oficina de Moreno el 12 de septiembre, en el que pedía informes sobre cómo fue discutida y elaborada la reforma. Y la respuesta de la titular de Dirección de Coordinación Legal, Paula Colombo, es que desde ahora sólo tendrán contacto con la Asesoría Tutelar 2 por el tema.

Apelación al protocolo

Finalmente, aunque el protocolo fue aplicado en cinco escuelas, el procurador general porteño, Gabriel Astarloa, apeló la inconstitucionalidad con el argumento de que el documento es “inexistente”, dado que no fue una comunicación oficial.

Fuente: Diario Z


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