El Gobierno porteño quiere desalojar a una pareja de históricas activistas LGBT

El Gobierno de la Ciudad está por desalojar a Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo, activistas LGBT, de la casa que alquilan como vivienda y en cuya propiedad también funciona el Centro Cultural El Socavón, del barrio de Parque Chas.

Mañana viernes a las 20 horas, en el Centro Cultural El Socavón, ubicado en Bucarest 1471, en el barrio de Parque Chas, organizaciones sociales, políticas y vecinos realizarán un encuentro solidario para rechazar el inminente desalojo de Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo, históricas activistas LGBT, informa el portal Parque Chas Web.

En la actividad se proyectará la película “Juntas” que narra la historia de Norma y Cachita. Después actuará Ariel Prat.

NUEVACIUDAD

El Gobierno porteño está por desalojar a Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo de la casa que alquilan como vivienda y en cuya propiedad también funciona, desde hace más de diez años, el Centro Cultural El Socavón donde se dictan talleres de cerámica, herrería, carpintería, literatura, guitarra y canto, abiertos a la comunidad.

Norma y Cachita alquilaban la propiedad, pero su dueña murió sin dejar herederos y pasó a ser propiedad de la Ciudad. “Hace 12 años que llegamos a esta casa, a través de una vecina que nos avisó que se alquilaba. La primera persona que nos hizo el contrato de alquiler al poco tiempo no supimos más de él. El asunto es que hace unos años apareció por acá otra persona que decía ser el dueño de la casa y nos quería obligar a dejarla. Nosotros sabíamos que, al no haber herederos, la mitad de esta propiedad pertenece al Gobierno de la Ciudad”, explica Norma Castillo a Parque Chas Web.

En 2016 los abogados Manon Laugier y Juan Soto, tuvieron que interponer una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad a los fines de que el Centro Cultural pueda seguir realizando su labor social y cultural. También desde la Legislatura porteña habían presentado dos proyectos de ley para declarar de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a El Socavón y las actividades que allí se desarrollan. Las iniciativas habían sido de los legisladores Paula Penacca y Aníbal Ibarra.

Al día de hoy, el desalojo ya tiene sentencia firme de Cámara y podría concretarse por la fuerza la semana próxima.

Norma, su defensora oficial y Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos, fueron recibidas por el director de Convivencia en la Diversidad del gobierno porteño, David Cohen“Le pedimos que demore el desalojo hasta que constituyamos una mesa en la que estén representados las áreas de Derechos Humanos, Adultos Mayores, Diversidad, Cultura y el Instituto de la Vivienda. Estamos expectantes a que se encuentre una solución. Además, vamos a presentar un amparo”, contó Pena a Página 12.

Distintas personalidades, como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se han acercado para expresarse contra el desalojo. También existe una página de Facebook con apoyos a la pareja y a la continuidad de El Socavón.

“El Gobierno porteño no quiso llegar a ningún acuerdo. No les quiere prestar la casa ni dejarlas morir ahí”, contó a Página 12 la defensora oficial, Fernanda Adriana Muñoz, que las está asesorando legalmente. “Cachita está muy enferma, con una dolencia cardíaca”, contó Norma, que dos años atrás fue declarada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos de la Ciudad. Piden que les den más tiempo para poder conseguir un lugar donde alojarse tranquilas.

Las dos mujeres cobran la jubilación mínima. Norma restaura muebles. Cachita apenas puede moverse. La casa antigua, con patio cubierto, no tiene número en la puerta: se distingue por un mural de carnaval de Oruro y una imagen de Milagro Sala. Ahí el matrimonio tiene su dormitorio, un baño y una cocina precaria. Cuando llegaron, en 2006, era un nido de ratas y lo fueron transformando en el lugar cálido y acogedor que es ahora.

Norma y Cachita están juntas desde hace 38 años. Llevan siete de casadas. Fueron la primera pareja de mujeres en contraer casamiento en el país y en Latinoamérica, con un amparo judicial, antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, como parte del activismo LGBT que logró esa histórica sanción.

Fuente: Nueva Ciudad


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