El colmo de los colmos: La Oficina Anticorrupción… en la mira por corrupción

Una grave denuncia contra Laura Alonso se destapó en las últimas horas. La acusan de bloquear información sobre el pago millonario de una firma que fue creada bajo el “paraguas” del gobierno. 

Se trata de un contrato por un millón de pesos anuales, que fue otorgado a una consultora del PRO pero que fue “camuflado en contratos personales con sus dueños, inserción de lobistas en oficinas estatales, abuso del cargo y resquicios legales para ocultar la información”, según destaca el periodista Sebastián Lacunza en su investigación.

“La turbiedad es máxima porque quien llevó a cabo artilugios extendidos en el tiempo para fraguar un vínculo irregular es la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso”, expresa la nota.

En concreto, Alonso contrató a la consultora Consuasor, muy ligada al PRO, por más de 80 mil pesos mensuales para las tareas de “comunicación estratégica” durante todo 2017 y lo que va de 2018. El problema es que nunca figuró en los registros.

Para disimular esto, la OA extendió un contrato a los dos únicos dueños de la consultora por montos que alcanzaron casi el millón de pesos anual. Aunque, otros integrantes de la entidad realizaron funciones sin figurar en los documentos.

La documentación relevada por Letra P demuestra que, después de ocultar esta actividad durante meses, Alonso decidió dar de baja los contratos y, en simultáneo, la consultora ‘desapareció del mapa’.

Según la investigación, “Sosa Loprandi y Giúdice (los dueños de esta consultora) son viejos conocidos del oficialismo, al punto que recibieron contratos similares en media docena de organismos públicos: Justicia, Trabajo, Defensa, Medio Ambiente” y otros como la propia oficina de Pinedo.

“La responsable de Transparencia intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas”, expresa la nota y afirma: “Mediante una nota fechada el 11 de abril pasado la OA procuró negar la información sobre el pago a Liprandi y Giúdice”.

Mes y medio después, la oficina de Alonso realizó otro intento de ocultar la información, tras las reiteradas denuncias de medios como Página 12, e informó el 2 de marzo que no tenía en sus registros pagos realizados a Consuasor. Dos meses más tarde se dio a conocer que los contratados eran casualmente los dueños de la firma, amigos del PRO.

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